El Mundo - La Crónica

La Lengua Leonesa y el estatuto de autonomía

“Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a todos sus miembros adquirir el pleno dominio de su propia lengua, con las diversas capacidades relativas a todos los ámbitos de uso habituales, así como el mejor dominio posible de cualquier otra lengua que deseen conocer”

     Con estas palabras, el artículo 26 de la Declaración Universal de los derechos Lingüísticos, recoge el conocimiento del idioma propio.

     Y es que hoy, en pleno siglo veintiuno, la comunidad de hablantes de Leonés es la que menos derechos tiene garantizados en el estado español. A diferencia del gallego, del catalán, o del propio gascón, el Leonés no puede aprenderse en los colegios, no puede utilizarse en la administración pública, no se respeta en la toponimia, y está fuera de ámbitos como la justicia, la onomástica, o las publicaciones oficiales. Y esta situación absolutamente contraria a todo el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, sitúa a nuestra lengua, a la lengua de todos los leoneses, en la peor posición desde hace más de mil años.

     El último informe de la UNESCO, redactado en París hace tres años sobre la realidad de las lengua en Europa, cataloga a la Lengua Leonesa como “Seriosly Endangered” (seriamente dañada). La UNESCO realiza una catalogación de los idiomas del mundo en seis categorías, en la que el Llïonés se sitúa en la cuarta. Por lo que respecta a la península, se consideraba ya en 1999 "Not Endangered" a catalán, castellano y portugués, como "Potentially Dangered" al gallego, "Endangered" a vasco, asturiano, gascón y aragonés, como "Seriosly Endangered" al Llïonés y "Extincted" al Mozárabe. 

     Y a esta situación, no se llega de una forma natural. Se ha llegado debido a la erradicación absoluta de nuestra lengua de cualquier ámbito que no sea el estrictamente familiar. Se ha llegado prohibiendo su enseñanza en los colegios, prohibiendo sus usos administrativos, prohibiendo su empleo en ámbitos públicos. Y lo peor es que esta minorización forzosa, a pesar de venticinco años de democracia, no ha cambiado. 

     Hace escasas fechas eran rechazados por la Junta de Castilla y León los estatutos bilingües de una asociación cultural, no por no estar en castellano, sino por estar también en Leonés. Hace escasas fechas, el mismo gobierno autonómico que niega el derecho de los leoneses de poder aprender su propio idioma en los colegios (ni siquiera optativamente), no tenía reparo alguno en que el gallego, la lengua de la comunidad vecina, encuentre todas las facilidades posibles para entrar de lleno en el sistema educativo del occidente de nuestra tierra.  

     Mientras en Portugal el estado portugués ha reconocido oficialmente al Leonés hablado en Miranda, mientras en Portugal el mirandés se enseña en los colegios, mientras en Portugal se rotulan en Llïonés las calles, se localizan indicadores bilingües, y hasta el propio estado portugués  publica en Leonés disposiciones, la Junta de Castilla y León ni siquiera admite que se estudie nuestro idioma como asignatura optativa. Mientras en Extremadura un codialecto del Leonés (según la catalogación de la propia UNESCO) está reconocido como Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León niega el derecho a que los niños leoneses aprendan su propia lengua, el idioma propio de nuestro pueblo, la lengua que, en definitiva, utilizaron todos los reyes de León. 

     Por ello, por todo ello, es necesario tomar medidas urgentes. En primer lugar es nuestro derecho, recogido no sólo en la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, sino en la propia Constitución Española, que el la Lengua Leonesa, que su protección, fomento y enseñanza, consten en el articulado del estatuto de autonomía de Castilla y León. Que los leoneses no dispongamos de una autonomía propia no implica que se nos nieguen nuestros derechos lingüísticos. Y es que, como dice la propia Declaración de la UNESCO, declaración que la ONU aplica al Leonés, “Esta Declaración considera inadmisibles las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas basadas en criterios como su grado de soberanía política, su situación social, económica o cualquier otra, así como el nivel de codificación, actualización o modernización que han conseguido sus lenguas”. 

     Por estas razones, y porque es nuestro derecho, la Lengua Leonesa ha de estar presente en el estatuto de autonomía, y los representantes políticos en las Cortes de Castilla y León tienen la obligación de proponerlo, y el deber de votar a favor. Lo contrario sería, nuevamente, atentar no ya contra un derecho de los leoneses, sino contra los propios derechos humanos reconocidos por la ONU. 
 

Abel Pardo Fernández
Secretariu Xeneral de Conceyu Xoven