El Mundo - La Crónica

La administración electrónica en el País Leonés

La puesta en marcha de servicios de administración electrónica se puede dividir en cuatro grandes fases, que irían desde la oferta informativa hasta la plena gestión 'on line' de todos los procesos. Si los leoneses queremos situarnos dentro de los territorios europeos que disfrutan en su totalidad de los beneficios de las nuevas tecnologías, una de las obligaciones de las administraciones públicas (marcada por la ley de junio de 2007) es ofrecer un marco que responda a la posibilidad de que el ciudadano pueda realizar a través de las nuevas tecnologías toda la tramitación de una gestión.

La Unión Europea se basa, a la hora de determinar el grado de implementación de las NNTT en un determinado territorio, en dos factores: el nivel de disponibilidad 'on line' y el grado de sofisticación de los servicios públicos básicos. Para ello nos hemos servido del Informe Anual sobre el Desarrollo de la Sociedad de la Información en España de la Fundación Orange. Para realizar el análisis se han valorado 26 servicios básicos (16 ofrecidos a ciudadanos y 10 a empresas) que ofrece la Administración Pública, habiendo dividido el grado de implantación de la e-administración desde un nivel inicial 1 (información) a un nivel máximo 4 (tramitación íntegramente 'on line'). Los servicios analizados van desde las quejas y sugerencias, hasta las subvenciones para creación de empleo, los permisos relativos al medio ambiente, o la tarjeta sanitaria.

Comprobando el número de servicios que se ofrecían 'on line' sobre el nivel total de aquellos ofertados por las comunidades autónomas, observamos que la Comunidad Autónoma de Castilla y León no sale muy bien parada. Tan sólo un 52% de los servicios analizados pueden realizarse a través de la red (56% para el ciudadano y 42,5% para las empresas), a una distancia considerable del 81% que se ofrece desde Asturias.

Y es que en una comunidad autónoma como Castilla y León, con dos realidades poblacionales bien diferenciadas, la necesidad del avance de la administración electrónica vuelve a separar de nuevo los intereses, especialmente en el ámbito rural, de los leoneses y de los castellanos. La razón es simple. Territorios como Galicia, como Asturias o como el Reino de León, que cuentan con un amplio índice de dispersión poblacional, pueden encontrar en la administración electrónica una solución a la necesidad de realizar personalmente cualquier tipo de gestión administrativa. El modelo poblacional castellano, en el que la concentración poblacional es amplia, no tiene una necesidad acuciante para ponerlo en marcha.

Por lo que respecta al nivel en el que se encuentran los servicios ofrecidos, nos encontramos con otro índice: cuántos servicios pueden realizarse íntegramente 'on line'. Pues bien, sobre los 26 existentes, la Administración autonómica tan sólo ha desarrollado 8, frente, por ejemplo, a los 16 que tiene puestos en marcha Asturias.

Es por ello, que nuevamente los leoneses necesitamos con urgencia la creación del Consejo General del Reino de León al que se le transfieran, en este caso, las competencias y las partidas presupuestarias en materia de nuevas tecnologías. Los leoneses no podemos permitir que por la incapacidad de la Junta de Castilla y León o por la falta de fondos, nuestras administraciones no puedan afrontar el desarrollo tecnológico que demanda nuestra sociedad y nos veamos abocados a una brecha tecnológica por no disponer de una autonomía propia.

La necesidad de que el Reino de León se constituya en una comunidad autónoma no se basa exclusivamente en motivos de orden histórico, lingüístico, cultural o identitario. Se basa en la necesidad de contar con elementos de autogestión y autogobierno que proporcionen a los leoneses de hoy una mejor calidad de vida y que, mientras disponemos de esas herramientas de autogobierno, no provoquen aún más las diferencias económicas que tan sólo un injusto reparto de los fondos públicos provoca.

Las administraciones públicas leonesas tienen la obligación de ofrecer a sus ciudadanos los mismos servicios que disfrutan el resto de ciudadanos de la Unión Europea, pues dentro del proceso de convergencia, hemos superado en teoría la renta media por habitante. Ello, que simplemente es teoría, y la negativa de PP y PSOE a que el Reino de León sea considerado una Nuts-2, provoca que los leoneses no dispongamos de 900 millones de euros que legítimamente nos correspondían.

Con estas premisas, o se aportan fondos autonómicos y estatales para que los ciudadanos del País Leonés podamos disfrutar de una administración digital acorde con la ley de junio de 2007, o se estará provocando una brecha digital que tendrá unas graves consecuencias para el desarrollo de nuestro país.

Abel Pardo Fernández, concejal de Nuevas Tecnologías y viceportavoz del Grupo UPL en el Ayuntamiento de León y máster universitario en Sociedad de la Información y el Conocimiento

El Mundo – La Crónica. Xineiru y 21,2008